
La nueva entidad estará encargada de prevenir, sancionar y erradicar la corrupción, así como a investigar y perseguir lo que se denomina “lavado” de dinero.
La designación del titular de este organismo será a partir de una convocatoria emitida por el Senado, y el aval de las dos terceras partes del Pleno senatorial.
El fiscal durará en este cargo hasta ocho años, y podrá ser reelecto una sola vez
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